“En ese plazo el aborto se practica con misoprostol, el medicamento”, dijo la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz, y resaltó que “el gran desafío es llegar a que esta práctica se haga en la atención primaria de la salud”.
LA PLATA (Corresponsalía). – La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, aseguró que “la inmensa mayoría de las consultas para interrumpir un embarazo se producen en las primeras semanas de gestación”.
“Como máximo, a las 10 semanas”, puntualizó Díaz a LA CAPITAL, y remarcó que “en ese plazo el aborto se practica con misoprostol, el medicamento”.
Por eso, sostuvo que “el gran desafío es llegar a que esta práctica se realice en la atención primaria de la salud; en eso está trabajando mucho el ministerio de Salud de la Provincia”.
“Esto es totalmente pertinente –reiteró la funcionaria bonaerense- dada la baja complejidad de la intervención, y además es el lugar de mayor cercanía de todos los sectores, por lo tanto es también facilitar la accesibilidad a la práctica y a este derecho consagrado por la Ley”.
Vale recordar que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) establece que el aborto es legal “hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”, y que fuera de ese plazo sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
La iniciativa sancionada por el Congreso nacional el pasado 30 de diciembre tiene como premisa central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en el sistema de salud público o privado, en un plazo que no deberá superar los 10 días corridos desde su requerimiento.
Más de 18 mil abortos legales en 2020
Consultada acerca de la cantidad de abortos practicados en la Provincia desde la sanción de la Ley, Díaz contó que “en los próximos días se estaría publicando un informe del ministerio de Salud con esa cifra, que todavía se está construyendo”.
“Lo que sí puedo decir es que el año pasado se hicieron más de 18 mil abortos legales por causales (ILE) -que son aquellos que están vigentes en la Argentina desde el Código Penal de 1921- y que las consultas actuales triplicaron esta cifra”, agregó.
De esas más de 18 mil prácticas realizadas en la Provincia en 2020, 933 se llevaron a cabo en en la Región Sanitaria VIII, a la que pertenece General Pueyrredon.
Para Díaz, la IVE “es un cambio profundamente significativo para la intervención porque, además, se está aplicando la Ley de los 1.000 días”, una iniciativa de acompañamiento de la maternidad y de los tres primeros años de vida del niño o niña.
“Esto permite que cuando las mujeres piden la interrupción del embarazo en el sistema de salud se vayan con un método anticonceptivo, para que esto no se repita”, señaló la ministra.
Y añadió que, gracias a la salida de la clandestinidad de la práctica, “se puede detectar si hubo una situación de violencia, si el embarazo es producto de una violación; la Ley es beneficiosa desde todo punto de vista”.
Recambio generacional de los equipos de salud
En otro orden, Díaz manifestó que “se sigue trabajando mucho en la formación de los equipos en todas las regiones sanitarias”.
Y aseguró que “en general, hay muy buen trabajo con los equipos”, ya que se observa “un recambio generacional bastante significativo y hoy hay una concepción en las distintas profesiones –obstétrica, ginecología, medicina general- bastante diferente con el tema”.
Cabe destacar que, en este sentido, la Ley contempla el derecho a ejercer la “objeción de conciencia” por parte de los profesionales sanitarios –esto es a negarse a realizar un aborto por motivos personales- aunque los mismos estarán obligados a derivar inmediatamente a la persona gestante a otro profesional para que se le realice la práctica.
La funcionaria del gobierno de Axel Kicillof resaltó asimismo la importancia “de dar certeza en la intervención, porque sabemos que como históricamente ha habido tanto ataque para el acceso de derechos por parte de los sectores que se oponen, los equipos de salud han tenido mucha incertidumbre”.
“Por eso el Ministerio trabajó no sólo para hacer guías muy claras sobre cómo actuar, sino para formar y asistir a los equipos”, indicó.
Y contó que “estamos terminando una campaña de difusión que tiene dos aspectos: difusión para las y los profesionales y difusión para la comunidad en general”, ya que “conocer los derechos es el camino para favorecer a su acceso”.
De acuerdo al Informe de Gestión 2020 del ministerio de las Mujeres, en un año se pasó de tener registrados 196 efectores de salud que realizaban la ILE a contar con una red de 404 efectores, lo que significa un aumento del 106%.
En 2019 había en General Pueyrredon un hospital provincial y menos de 20 efectores municipales que garantizaban la ILE; en 2020 se duplicaron los servicios sanitarios distritales que realizan esta intervención.
Fue “tremendo” el fallo del juez López
Finalmente, la ministra consideró “tremendo” el fallo del juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un ciudadano particular y ordenó que no se aplique la Ley de IVE.
“Me parece que los argumentos de este intento de suspensión de la Ley ya fueron profundamente debatidos en todo el proceso de discusión en el Congreso nacional”, remarcó Díaz. Y dijo que “este juez obra según sus propias convicciones”.
“El movimiento de mujeres lo ha señalado: es pasible de hacerse una presentación de pedido de jury de enjuiciamiento”, expresó la funcionaria bonaerense.
En este marco, pidió “una reforma judicial democratizadora y feminista: es algo que el movimiento de mujeres puso en agenda de manera muy fuerte este año”.
“Se empiezan a ver algunos fallos que incorporan la mirada de género, pero no puede ser que esas sentencias sean aisladas”, concluyó.